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(#LaCity): Corrupción: piden 9 años de prisión para dos ex jefes de policía de Santa Fe

(#LaCity): Corrupción: piden 9 años de prisión para dos ex jefes de policía de Santa Fe

Dos fiscales de la ciudad de Santa Fe adelantaron que pedirán nueve años de prisión para los dos ex jefe de Policía Omar Odriozola y Rafael Grau. La solicitud fue realizada en el marco de una investigación por maniobras ilícitas en la reparación de patrulleros. Ya hay nueve personas condenadas y se recuperaron más de cinco millones de pesos en esa causa. 


La petición fue hecha por los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, quienes consideran que Grau y Odriozola lideraron una asociación ilícita que realizaba maniobras delictivas relacionadas a la reparación y compra de repuestos para vehículos policiales. Así lo plantearon los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en una audiencia preliminar contra otro acusado en esa investigación en los tribunales de la ciudad de Santa Fe ante el juez Luis Octavio Silva.

Hernández y Jiménez también pedirán que a los dos ex jefes policiales se les imponga una inhabilitación especial por 10 años para ocupar y para ejercer cargos públicos y una multa de 90 mil pesos –a cada uno– por la comisión de ilícitos con ánimo de lucro.
 
En la audiencia preliminar, los fiscales del MPA también solicitaron la “inmediata prisión preventiva del acusado cuyas iniciales son O.A.O. –quien transitaba el proceso en libertad–. Ahora, el juez deberá resolver en relación a este pedido”. Por otra parte, aclararon que “al otro imputado ya se la impuso la prisión preventiva, la cual viene cumpliendo de forma domiciliaria a raíz de problemas de salud”.
 
La asociación ilícita<br. < h2="" style="box-sizing: border-box; transition: all 0.3s ease 0s; padding: 0px; margin: 0px; font-family: "Encode Sans", sans-serif;">
“Los dos acusados eran los jefes de una asociación ilícita de carácter permanente, estable y organizada, formada por funcionarios públicos policiales y por civiles”, informaron los fiscales al tiempo que agregaron: “Usando su potestad jerárquica, los dos ex jefes policiales dispusieron los medios por los cuales la organización se valió para ejecutar sus planes criminales, habilitaron el ámbito de las maniobras defraudatorias y consintieron las actividades ilícitas desplegadas”.
 
En relación a la modalidad delictiva, Jiménez y Hernández explicaron que consistía en facturar reparaciones de móviles policiales que no se hacían y compras de repuestos que no se adquirían. "Esto se hacía burlando el procedimiento administrativo respectivo”, precisaron. En tal sentido, detallaron que “los dos acusados firmaron cheques y realizaron facturas y rendiciones de cuenta que permitieron la disposición patrimonial ilegítima; coordinaron acciones con Facundo José Testi –organizador de la banda– y con sus miembros; y determinaron el reparto de las utilidades conseguidas ilegítimamente”.
 
“Los particulares emitían facturas por la realización de reparaciones en los vehículos que no se hacían y por la presunta compra de repuestos que no se adquirían. Las facturas eran presentadas al Habilitado, quien emitía las órdenes de pagos específicas a través de cheques”, sostuvieron los fiscales.
 
La mecánica, según los acusadores, era la siguiente: "Para poder librar dichas órdenes de pago, el habilitado requería la firma del jefe provincial de la policía y una confirmación del departamento de Logística. Tanto el habilitado como el jefe de Logística coordinaban esta tarea con el organizador de la asociación ilícita (Facundo José Testi, ya condenado), quien a su vez diagramaba con los talleristas y comerciantes la elaboración y firma de las facturas, el cobro de los cheques y la distribución de la recaudación”.
 
“Una vez que los talleristas y comerciantes cobraban los cheques, le entregaban parte de ese dinero en efectivo al habilitado de la policía, quien a su vez, se lo daba al jefe provincial”, aclararon los fiscales y concluyeron que “era la máxima autoridad policial de la provincia quien luego decidía sobre el reparto del dinero para con sus subalternos”.
 
Por último, los fiscales apuntaron que “el habilitado confeccionaba los expedientes de rendición de cuentas por las erogaciones efectuadas, e incluía las facturas así emitidas. Para poder finalizar el trámite, el jefe provincial de la policía debía prestar su conformidad”.